NECESIDAD DE UN PROCESO CONSTITUYENTE.
La Constitución de un país es el documento que fija los
límites de los poderes del estado y define las relaciones entre estos y los
ciudadanos.
La actual Carta Magna vigente en nuestro país está obsoleta.
7 de cada 10 ciudadanos que en la actualidad tenemos derecho a votar, no
pudimos hacerlo en el referéndum en que fue aprobada, y mucho menos participar
de ningún modo en su redacción. Este proceso fue tutelado por instituciones
herederas de la dictadura, y tuvo lugar en una coyuntura muy especial y en
respuesta a intereses partidistas. Tal vez en aquel momento se creyó que era el
único documento posible. Hoy ya no lo es.
En nuestra constitución del 78 hay dos tipos de problemas:
principios que debería proteger y no hace y derechos que son recogidos como
digno de protección, pero contra los cuales se legisla. La constitución
prescribe el equilibrio impositivo y la distribución justa del presupuesto, la
protección económica de la familia, el derecho a la vivienda y pide legislación
que evite la especulación. Contiene además el mandato de proteger el derecho al
trabajo y legislar con el fin de lograr
el pleno empleo, la protección social en casos de dificultad y desempleo, y la
cultura. Todo esto ha sido violado sistemáticamente por el poder legislativo y
ejecutivo, y con más intensidad en estos últimos años. Por otra parte, la
constitución no solo no protege la participación ciudadana en la política
(contrariamente a lo que declara) sino que específicamente bloquea casi
cualquier posibilidad de que esto suceda: no hay posibilidad de requerir desde
la ciudadanía un referéndum, y la Iniciativa Legislativa Popular no es
vinculante. Queda por tanto reducida esta participación, en la práctica, a la
posibilidad de votar cada 4 años.
Es por tanto necesaria una nueva Carta Magna, que dote a los
ciudadanos de igualdad real y no solo formal. Se hace imprescindible una
revisión completa de las reglas del juego de forma que los ciudadanos
recuperemos una herramienta de control sobre el poder político, impulsada y
redactada por y para la ciudadanía. Esta nueva Constitución debería preservar
los derechos humanos y la dignidad de las personas. Debería instituir una nueva
relación entre los ciudadanos y las instituciones (democratización del sistema
político, reforma de la ley electoral, reorganización de instituciones del
estado y la administración, mecanismos que eviten la transferencia de personas
y bienes entre el poder político y el económico).
Es fundamental que la nueva constitución devuelva a los
ciudadanos la posibilidad de influir en la legislación. Retorno parcial del
mecanismo denominado mandato imperativo, pues el Referéndum es una forma de
democracia directa, opuesta a la democracia representativa, y su resultado
vinculante supone la predeterminación obligatoria de la acción de gobierno a su
resultado. Así mismo, debe asegurar que el poder económico estará subordinado
al democrático, incluyendo las entidades internacionales no democráticas(BCE,
FMI, OCDE) y las grandes empresas.
Para iniciar un proceso constituyente, y puesto que la
actual legislación no prevé esta posibilidad por iniciativa popular y nuestros
actuales representantes no parecen sensibles a esta necesidad, es necesario
lograr, mediante la presión de la gran mayoría de la población, que se sientan
forzados a dar paso por cualquiera de las siguientes vías al inicio del
proceso. Esta presión ciudadana puede hacer que el gobierno se vea obligado a
convocar un referéndum vinculante o una anticipación de elecciones, previa
modificación de la ley electoral. A este referéndum se podría concurrir como
agrupación de electores, todas las personas que creemos en la necesidad de una
nueva constitución. Si el gobierno no accede, se podría convocar un referéndum
al margen de la legislación establecida y gestionado desde la propia
ciudadanía, cuyo resultado obligue a renunciar al gobierno. Estas son solo dos
de las posibilidades: en esta etapa, depende mucho de cual sea la reacción del
poder establecido frente a la marea humana destituyente, cual sea la opción
elegida, con el fin de que no se genere un peligroso vacío de poder.
Tras el Referéndum vinculante, en caso de que el resultado
fuera negativo a la apertura de un proceso constuyente, habría que iniciar una
negociación con los actuales representantes con el fin de llevar a cabo una
reforma en profundidad de la actual. En caso de que gane el sí, se dará inicio
a la creación de una Asamblea Constituyente, cuyos miembros serán elegidos
democráticamente entre un grupo de ciudadanos voluntarios, o bien
aleatoriamente entre todo el censo o bien listas propuestas por partidos. O
bien una asamblea mixta. Cada posibilidad tiene un método electoral distinto.
En el caso islandés las propuestas fueron hechas por un grupo de 1000 ciudadanos
elegidos al azar, y la asamblea constituyente estuvo compuesta por 50
ciudadanos elegidos entre voluntarios con determinado número de avales.
Durante el proceso de redacción existe la posibilidad de que
se pongan en marcha canales de comunicación bien unidireccional (de los
ciudadanos a la asamblea) o bien bidireccional (consulta de la asamblea a los
ciudadanos que emiten confirmaciones y propuestas a la asamblea). Durante la
redacción del texto se recogerán propuestas ciudadanas bien físicamente a través
de los registros de la administración, o bien a través de internet. Una vez
cerrada la fase de admisión de propuestas, se pasará a la fase de debate de las
mismas. Los debates deberían ser retransmitidos en directo por streaming, y
podrían tener lugar consultas a la ciudadanía (votaciones) intermedias durante
el procedimiento.
Finalmente será preciso ratificar en Referéndum el texto que
haya surgido. Esta ratificación se puede hacer de forma flexible (por bloques o
porciones del texto) o rígida, que exigiría la ratificación del texto al
completo.
Según Antonio Cabo, catedrático de derecho constitucional el
proceso constituyente es aquel que se abre cuando existe una convicción
generalizada en la sociedad de que el anterior pacto de convivencia ha quedado
agotado o cuando se percibe como injusto o ineficaz. En nuestra sociedad no hay
duda de que existe ya un amplio consenso en este sentido.
Desde el 15M-Lugo tenemos previsto un acto para el sábado 15 de diciembre a las 17h en la Plaza Mayor, en donde debatiremos la posibilidad y necesidad de abrir un proceso constituyente: expondremos los motivos para hacerlo, cómo se puede llevar a cabo y pondremos ejemplos de países donde ya lo han realizado.
Además hacemos un llamamiento a toda la población a colapsar las subdelegaciones de gobierno de todo el pais el día 17 de diciembre con cartas dirigidas a Mariano Rajoy pidiendo su dimisión y la apertura de un proceso constituyente por y para los ciudadanos. Desde aquí hemos redactado esta carta:
ESCRITO DIRIGIDO A
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ESPAÑA,
A/A Excelentísimo
Señor Presidente del Gobierno de España, Don Mariano Rajoy:
Las personas que firmamos este escrito somos
ciudadanos profundamente alarmados e indignados por la situación que atraviesa
nuestro país. Consideramos que usted, como presidente del Gobierno, su consejo
de ministros y los teóricos representantes de la ciudadanía que forman las
cámaras legislativas, así como los gobiernos y cámaras habidos en legislaturas
anteriores, han incumplido y continúan incumpliendo sistemáticamente los
siguientes mandatos recogidos en la Carta Magna actualmente en vigor: facilitar
la participación de todos los ciudadanos en la vida política y económica
(artículo 9), mantener un sistema tributario justo, inspirado en los principios
de igualdad y progresividad, y asignación equitativa de los recursos públicos
(artículo 31), proporcionar protección social, económica y jurídica de la
familia (artículo 39), crear condiciones favorables al progreso social, distribución
de la renta con criterio equitativo, realizar políticas orientadas al pleno
empleo (artículo 40), garantizar la asistencia y prestaciones sociales
suficientes en caso de necesidad (artículo 41), proteger el derecho de todos
los ciudadanos a una vivienda digna, estableciendo las normas oportunas que
impidan la especulación (artículo 47), defender a los consumidores y sus legítimos
intereses económicos (artículo 51), y para terminar, el de defender el derecho
al trabajo (artículo 35).
Así mismo consideramos que la actual Constitución,
aprobada hace 34 años en una coyuntura especial, elaborada por un grupo de
personas no elegidas democráticamente, con la aquiescencia de unas estructuras
procedentes de la dictadura, no cumple en este momento la misión para la que
debe servir una constitución democrática: ser la herramienta de control de la
ciudadanía sobre los representantes políticos. Incumple además los siguientes
principios enunciados en la propia constitución: garantizar un orden económico
y social justo, ser expresión de la voluntad popular, proteger a los españoles
en el ejercicio de los derechos humanos, proteger los que deberían ser valores
supremos del ordenamiento jurídico, a saber, libertad, justicia, igualdad y
pluralismo. En ningún caso protege lo fundamental: que la soberanía nacional
reside en el pueblo español.
Por lo anteriormente expuesto, y en virtud del derecho de petición que
la constitución aun vigente otorga a todos los ciudadanos de forma individual y
colectiva, le instamos a presentar su dimisión, la de su consejo de ministros y
disolver las actuales cámaras legislativas.
Hecho esto, se nombrará un gobierno provisional
durante el periodo de transición que garantice el respeto a los derechos
básicos y la puesta en marcha de un referéndum vinculante en el que se pida a
los ciudadanos su aprobación para el inicio de un proceso constituyente. Este
proceso será llevado a cabo con la participación real, efectiva y directa de
los ciudadanos en la elección de la asamblea constituyente así como en la elaboración
de la nueva constitución.
Las nuevas cortes, democráticas que surgirán de este
proceso, en colaboración con el pueblo
soberano, emprenderá la tarea de auditar
la deuda, con el fin de rechazar el pago de la parte ilegítima correspondiente
a empresas privadas, evaluaran la conveniencia
de continuar en el pacto del euro en las actuales circunstancias y
finalmente, pondrán en marcha un proceso
de investigación judicial en el que se diriman las responsabilidades
penales y civiles de los agentes políticos y económicos que nos han colocado en
la actual tesitura.
Muy atentamente
(VER FIRMAS)
