SÁBADO 10: Concentración y pintura colectiva en defensa de los Derechos Humanos.
Plaza Mayor, 17.00
Los últimos informes de Organizaciones No Gubernamentales expresan su preocupación por la situación de los Derechos Humanos en España en los siguientes temas:
Torturas:
España incumple el Plan de Derechos Humanos que se aprobó en 2008 y que pide recopilar y publicar casos de violaciones de DDHH contra personas bajo custodia policial.
Antiterrorismo:
La ley antiterrorista vigente incumple las recomendaciones de los organismos de defensa de los Derechos Humanos y el informe de la ONU, rechazado por el Gobierno, por privar de derechos fundamentales con la incomunicación que puede durar hasta 13 días, la suspensión de derechos como el de consultar con un representante letrado o abogado de oficio, con un médico de la elección del reo o la comunicación con sus familiares o información sobre su paradero.
Trata de seres humanos:
Pese a la reforma del Código Penal para adecuarla al Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos, Amnistia Internacional denuncia que esta reforma no se aplica.
Derechos de la infancia:
Distintas ONGs denuncian lapasividad ante denuncias por castigos corporales, aislamiento, prescripción indebida de medicamentos y asistencia médica insuficiente en centros de menores, violando las directrices del Comité de los Derechos del Niño.
Racismo:
Se denuncian las detenciones preventivas, los Centros de Internamiento de Extranjeros y las privaciones de libertad que se dan al margen de los Derechos Humanos.
Ley de Amnistía del 77:
Amnistía Internacional condena la Ley de Amnistía por ir en contra de la investigación y reparación de los daños por casos de desapariciones de personas durante el franquismo, así como otros crímenes cometidos en este período que no se investigan.
Sáhara Occidental:
El gobierno español sigue lavándose las manos y no aceptando ninguna responsabilidad en el conflicto del Sáhara Occidental, y tampoco se mantienen posturas diplomáticas claras de condena a las violaciones de Marruecos sobre este territorio.
También queremos mencionar el trato del Gobierno de España con otros gobiernos como el estadounidense o israelí y su doble moral al no condenar las violaciones de los Derechos Humanos de estos países. Asimismo, la participación española en operaciones militares como la de Afganistán, Iraq o Libia ponen en tela de juicio el compromiso de nuestro país con los Derechos Humanos. No existen responsabilidades políticas ni penales derivadas de estas intervenciones. Por último, la pasividad ante empresas que financian empresas de armamento en muchos casos prohibido, la venta de armas indiscriminada y la no actuación del Gobierno en estos asuntos suponen una violación indirecta de los Derechos Humanos que, finalmente, ponen en situaciones de peligro a miles de seres humanos.
