Vivir en una sociedad capitalista nos determina en aspectos
económicos y sociales de distintas maneras, pero no es menos importante la
influencia del sistema a la hora de condicionar de nuestro pensamiento. Un
pensamiento encaminado a lo homogéneo que se sirve de mecanismos como los
medios de comunicación, la publicidad o la educación para inducirnos un estado
permanente de apatía acorde con la necesidad de este sistema de crear
consumidores. Pero la lógica irracional del sistema entra en conflicto constantemente
con los criterios humanitarios más básicos. Su naturaleza es cruel,
explotadora, clasista. Y esta situación de injusticia perpetua no se sostendría
por mucho tiempo. El ser humano y su capacidad para empatizar con sus
semejantes siente esta injusticia y la intenta combatir. Pero el éxito relativo
del pensamiento capitalista no se fraguó dejando cabos sueltos, sino
anticipándose a esta problemática. Es
aquí donde el propio sistema planifica su propia oposición domesticada e
inofensiva. Se manifiesta en el ámbito político en un bipartidismo armónico
pero en el que ambas tendencias se esfuerzan por enfrentarse una con otra como
si de fuerzas antagónicas se tratase. En lo relativo a la opinión pública, se
crean espacios divergentes controlados en los medios de comunicación de masas,
controlados en el fondo por intereses corporativos muy similares y, pese a una
aparente diversidad, por las mismas líneas editoriales.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es la detonación controlada de una institución supranacional en unas circunstancias históricas en el que la población civil era la gran víctima de una destrucción sin igual durante años de guerra. Una suerte de carta otorgada en la que se recogen las líneas de la dignidad de todos los humanos que bajo ningún concepto se deben traspasar. La paradoja es clara, cuando esta institución no sirve para mantener su propia Declaración, sino que en repetidas ocasiones es cómplice o parte directa de su violación.
Esta crítica no es un rechazo a la propia carta de derechos. Al contrario. Es un alegato, desde los movimientos sociales, la izquierda solidaria, la convergencia de fuerzas de las clases populares, a recuperar esta Declaración. A que no sea la simple cura en salud del sistema ante violaciones de la dignidad humana, sino un verdadero símbolo de unión entre pueblos y de igualdad entre personas.
La Declaración no es perfecta. Muchas voces la ven como un elemento que justifica y perpetúa el orden social que oprime a las clases trabajadoras y que va contra su emancipación. Sin entrar a cuestionar aspectos puntuales, la mayoría de los artículos de la Declaración deberían ser de obligado cumplimiento. En el caso más cercano a nuestra realidad, la reflexión sobre los mismos arroja conclusiones similares a la reflexión sobre la Constitución Española: ambas podrían ser la explicitación legal de derechos propios de cualquier persona, y sin embargo su aplicación las convierte en papel mojado. Lo cierto es que la voluntad popular no es la que determina el poder político, ya que el sistema representativo es a todas luces insuficiente y las leyes que lo rigen lo hacen aún más injusto. Además, las decisiones políticas que favorecen los intereses de una minoría dejan patente que existe un poder que prevalece sobre la voluntad popular. La vivienda o seguridad social no está garantizada, como queda evidenciado a medida que avanza el empobrecimiento de la población. El acceso a una justicia igual para todos y el derecho a un recurso efectivo ante los tribunales correspondientes está ahora más que nunca supeditado a la capacidad económica del afectado. El acceso a la sanidad tampoco es universal en la actualidad, y los derechos de diferentes colectivos se ven afectados por su origen o nacionalidad. Los movimientos sociales, sindicales y revolucionarios de todo tipo pueden dar testimonio de la arbitrariedad de las detenciones, de las torturas, de las limitaciones a la libertad de expresión...
Cuando una sociedad ve en primera persona la situación de
violación constante de una Declaración que se consideraba plenamente aceptada y
prácticamente intocable, puede comenzar a atisbar el drama de comunidades
enteras que sufren la pobreza extrema de forma sistémica a causa del predominio
político de países ricos sobre sus territorios. Esta toma de conciencia tiene
que servir para que recuperemos esta Declaración Universal de los Derechos
Humanos. Más que nunca es necesaria la unión internacional y solidaria de
pueblos. Hay que tomar el control de esta carta, para que sea la garantía
social de la dignidad del ser humano. Los poderes políticos no pueden ser la
seguridad del mantenimiento de un orden injusto. Deben responder, en cambio, a
una voluntad popular que busque transformar la realidad en un mundo que
aproveche de nuestra capacidad técnica para facilitar la vida digna y en
libertad de todas las comunidades que en él habitan. Y nuestro papel como
movimientos sociales es el de potenciar la toma de conciencia de estos objetivos
y servir de espacio de auto organización para las sociedades.
