Como europeos vamos a resultar afectados seriamente en nuestra vida
diaria por los efectos que tendrán los tratados de libre comercio que se
están negociando desde instituciones europeas con EEUU y Canadá. Sin
embargo y a pesar de que dichos tratados modificarán de forma sustancial
partes importantes de nuestras vidas y nuestras economías, las
negociaciones se están llevando a cabo en el más absoluto oscurantismo.
De espaldas no solo a la sociedad, sino también al Parlamento Europeo,
sede de la soberanía ciudadana europea y única institución en la que los
europeos tenemos representación. Las negociaciones se producen alejadas
del debate o de la información a los medios de comunicación. Ha ido
gestándose en la más oscura opacidad. Ni las organizaciones políticas,
ni sociales, ni siquiera las organizaciones sindicales o empresariales
oficiales han sido convocadas, consultadas o invitadas a realizar
aportación alguna.Y este oscurantismo revela una posición de partida
inquietante. Quienes los defienden lo hacen amparados en presuntos
beneficios macroeconómicos, pero lo cierto es que ninguno de ellos se
atreve a plantear públicamente el contenido de los acuerdos y el efecto
real que tendrá, cuál es el objetivo que se persigue, qué nos esconden y
por qué.
Es necesario oponernos enérgicamente antes de que sea demasiado tarde
y los cambios no sean ya fácilmente reversibles. Como siempre, nos
dicen que mejorará las perspectivas económicas y de crecimiento para los
países europeos, pero esto es difícil de creer analizando lo que dichos
tratados condicionan.
1-. Homologación de las normas: los países europeos tienen en general
unas regulaciones mucho más exigentes que las estadounidenses en cuanto
a trazabilidad, etiquetado, seguridad de los productos y protección al
consumidor. Mediante el TTIP, las normas americanas se van a hacer
equivalentes a las europeas, ignorando las mencionadas diferencias. De
este modo empezarán a llegar a nuestro país productos que no superarían
la normativa europea. Por ejemplo: en estados unidos hay decenas de
productos transgénicos comercializados y no existe la obligación de
indicar esa naturaleza en las etiquetas. En EEUU el límite de azúcar
añadido en los alimentos duplica la cifra recomendada por la OMS debido
al poder del lobby azucarero en ese país. Así mismo, mientras que en
europa es preciso demostrar que un producto es seguro antes de ponerlo
en el mercado, en Estados Unidos se hace al contrario, siendo preciso
demostrar que es inseguro para no poderlo comercializar.
Parece difícil no entender como esto va a afectar negativamente a
nuestros agricultores, ganaderos y en general a la industria de nuestros
países.
2-. Protección de la inversión privada: los países europeos en
general, protegen determinados servicios que consideran importantes para
asegurar una vida digna a la ciudadanía. Servicios como la sanidad o la
educación, son financiados con dinero público como una forma de
proteger el interés general e impedir que dicho interés quede sujeto a
los beneficios de las empresas privadas. Mediante la firma de estos
tratados de libre comercio, cualquier empresa privada que se considere
afectada (que sus ingresos se verán reducidos) por esta protección
pública en determinados ámbitos, podrá solicitar una compensación
económica a los gobiernos o bien la retirada de los privilegios a los
servicios públicos.
Ni qué decir tiene que esto puede ser la puntilla para servicios como
sanidad o educación si tienen que entrar en libre competencia con
empresas privadas o se retira la financiación pública.
3-. Tribunales especiales: Solución de Diferencias entre el Estado y
el Inversor (ISDS). El ISDS permitiría a las corporaciones y grandes
empresas demandar a los Estados cuando consideren que alguna decisión
democrática de gobierno en aras del interés general puede afectar a sus
ganancias presentes o futuras. El ISDS estaría formado por unos
presuntos tribunales que no son tales sino tres abogados privados sin
mandato alguno de institución democrática alguna nacional o global. Y
esos tribunales por encima de los Estados, serán los encargados de
juzgar las demandas de menores beneficios de las multinacionales que
exigirán multimillonarias indemnizaciones. Es decir, las grandes
corporaciones se asegurarían los beneficios sin mover un dedo, solo por
temor de que tal o cual ley en defensa de los intereses ciudadanos
pudieran mermar los beneficios de esta o aquella corporación. Las
empresas podrán cuestionar las leyes, proponer restricciones y exigir
indemnizaciones.
El TTIP pretende además crear un Consejo de Cooperación Regulatoria
para que las corporaciones puedan cuestionar todas las decisiones
parlamentarias o gubernamentales que pudieran reducir sus beneficios.
En resumen, lo que buscan con desespero los tratados de libre
comercio es eliminar las normas reguladoras, las barreras
reglamentarias, las normas, cautelas y precauciones en beneficio de la
ciudadanía y sus derechos, porque las élites entienden que todo eso
reduce sus beneficios posibles. Lo que pretenden es que nada se oponga a
sus inversiones y como quieran hacerlas.
A pesar de sus secretos y oscuridades en las negociaciones, el
tratado ha de ser aprobado por el Parlamento Europeo y ratificado por
los Parlamentos de los países miembro cuyas Constituciones así lo
establezcan (que seguramente no será el caso del nuestro, puesto que PP y
PSOE han rechazado una propuesta de IU en este sentido). Esa
circunstancia abre una brecha por la que la ciudadanía se puede colar,
movilizándose claramente en contra de la aprobación del TTIP. Aún
podemos frenar esa aberración obscena contra los derechos de la inmensa
mayoría y la limpieza y estabilidad del medio ambiente.
